¿LA SOCIEDAD CONOCE CUÁL ES LA FINALIDAD DE LA CÁRCEL O VIVIMOS ENGAÑADOS?

La sociedad tiende a pensar que las prisiones “son hoteles de cinco estrellas”, y que quienes están allí “viven como reyes”. Este tipo de afirmaciones demuestran un absoluto desconocimiento del sistema penal y penitenciario.

Lo cierto es que la vida en prisión es más dura de lo que pueda parecer, porque es cierto que puede haber piscina, televisión o música, pero falta lo más valioso para el ser humano que es la libertad deambulatoria o la intimidad personal y familiar, además del disfrute del resto de derechos fundamentales de los que gozamos y que, sin embargo, están limitados durante la vida en prisión.

El principal problema de todo esto, y lo más preocupante, es que transmitir la realidad penitenciaria a la sociedad no interesa, pues, aunque cueste creerlo, el origen de este desconocimiento es el uso electoralista y mediático de las penas, algo también contradictorio si nos atenemos a la Constitución Española, que en su artículo 25 establece que “las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción social”.

Como consecuencia de todo el desconocimiento de la realidad carcelaria y de la finalidad de las penas, la población exige respuestas inmediatas ante los problemas sociales que tienen una mayor repercusión mediática, como ocurre en el caso de agresiones sexuales, asesinatos o supuestos en los que hay menores o discapacitados involucrados como víctimas, entre otros. Todo esto es debido a la llamada “cultura del miedo”, que se origina por toda la manipulación que ejercen sobre nosotros los medios de difusión; por ejemplo, en el caso de las agresiones sexuales el número es muy reducido en comparación con el total de delitos cometidos, pues en el mes de marzo de 2023, del total de personas en prisión, sólo el 8,7 % lo eran por todos los tipos penales de los delitos contra la libertad sexual.

El problema del que hablamos se denomina “populismo punitivo”, que se entiende como el uso del derecho penal que realizan los gobernantes con el fin de obtener ganancias electorales, asumiendo política y acríticamente que el agravamiento e incremento de las penas reducirán el delito y salvaguardarán el consenso moral existente en la sociedad (A. Bottoms 1995). El efecto de este fenómeno en la sociedad se ha reflejado en varias ocasiones, siendo ejemplos de ello el “caso Marta del Castillo y el caso Mari Luz Cortés”, con la introducción en el año 2015 de la prisión permanente revisable; o más reciente, el “caso de La Manada” que llevó a la reforma de la LO 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual, más conocida como “Ley del solo si es sí”. A pesar de trasladar este miedo a la sociedad, España es uno de los países con menor índice de criminalidad de Europa y, sin embargo, las penas son mucho más elevadas que en otros estados.

En resumen, cuando se acercan procesos electorales, se aprovecha el desconocimiento de la sociedad para obtener más votos ofreciendo en sus programas electorales la idea del endurecimiento de penas, cuando esto no está ayudando a disminuir la comisión de delitos, sino que en muchas ocasiones crea un efecto contrario.

La realidad es que el delincuente ha de rehabilitarse y el aumento de las penas no ayuda a rehacer su vida, pues cuanto más tiempo pasen privados de libertad, más difícil para ellos será adaptarse de nuevo a la vida exterior. Actualmente vivimos en un estado que tiene un sistema garantista, pasando del antiguo concepto retributivo que se tenía de venganza, al concepto de justicia y educación, pues lo que se quiere es reintegrar al reo en la sociedad, tanto después de haber cumplido la condena impuesta como durante el cumplimiento de la misma.

Con todo lo expuesto, vemos que el principal problema de la sociedad es la desconfianza en la reinserción y hacia todo el sistema penal, pues es cierto que muchos delincuentes reinciden, sobre todo los delincuentes habituales y los delincuentes con trastornos de personalidad, pero hay un porcentaje de personas que tras su excarcelación y el buen progreso en prisión, sí consiguen la finalidad perseguida y por ello, no se debe perder toda la esperanza. Los datos estadísticos que ha realizado la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, es que la reincidencia está en el 19.98%, es decir, el 80,02% de los internos cumplen su condena y alcanzan la libertad sin cometer nuevos hechos delictivos.

De alguna manera el éxito o fracaso de la reinserción depende de la sociedad, pues somos quienes hemos de recibir a los privados de libertad, puesto que los ex reclusos tienen grandes dificultades económicas y pocas habilidades sociales para adaptarse. No hay que olvidar que quienes entran en prisión, en algún momento van a salir, y a todos nos interesa que salgan en las mejores condiciones posibles, pues deberemos convivir con ellos, todos juntos en una sociedad pluralista y democrática.

Ángela Martín López

Catalina Stefana Hordila Danila

Línea de Intervención Penitenciaria y Derechos Humanos

Clínica Jurídica de Acción Social

BIBLIOGRAFÍA

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https://ethic.es/2023/02/funciona-la-reinsercion-social/

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https://www.abogacia.es/publicaciones/blogs/blog-derecho-penitenciario/cuando-los-presos-y-las-presas-son-ciudadanos-de-segunda-y-de-tercera-respectivamente/

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  2. Antón-Mellón, J. A., Álvarez, G. y Rothstein, P. A. (2017). Populismo punitivo en España (1995-2015): presión mediática y reformas legislativas. Revista Española de Ciencia Política, 43, 13-36.

https://recyt.fecyt.es/index.php/recp/article/view/53400