02 May 2024 Un asunto pendiente más que nos dejó la dictadura: los bebés robados
El franquismo dejó una gran huella en nuestro país. Transformó y destruyó familias no solo con las numerosas muertes y represiones que dejó a su paso, sino también con la cantidad de niños robados por el franquismo, elevando el número a más de 30.000 niños desde finales de la Guerra civil española hasta principios de los noventa.
Miles de niños fueron sustraídos de sus familias biológicas, sobre todo de aquellas de los que consideraban como disidentes políticos, republicanos o socialistas, para ser entregados a familiares afines al régimen franquista.
En estos actos estaban implicados médicos, religiosos y funcionarios, los cuales lo justificaban ideológicamente como una forma de “purificar” la sociedad de influencias políticas consideradas como no deseadas. Muchas madres tras dar a luz, recibían en ese mismo momento la noticia falsa de que sus hijos habían fallecido al nacer, cuando lo que realmente estaba pasando es que sus hijos estaban dándose en adopción sin su consentimiento.
Realmente, los niños robados no comenzaron a ganar atención pública hasta la primera década del presente siglo, cuando las víctimas y familiares comenzaron a buscar respuestas y justicia.
Hoy en día el marco legal para abordar casos relacionados con los niños robados es escaso, dado que no existe una ley específica, sino que únicamente pueden ampararse en la Ley de Memoria Democrática, a pesar de que anteriormente se han emprendido algunas iniciativas legislativas como la proposición de Ley de Bebés Robados y Desaparición Forzada Infantil. Así, en 2018, un grupo de diputados del Congreso impulsaron dicha propuesta que logró votos suficientes para iniciar su proceso de tramitación legislativa, pero la propuesta no llegó a término y en la actualidad dicha propuesta ya no está en la agenda parlamentaria.
La proposición de ley fue presentada por los grupos parlamentarios Plural, Euskal Herria Bildu, Socialista, Republicano, Confederal de Unidas podemos- En Comú Podem-Galicia en Común. Esta propuesta defiende abordar el problema de manera integral y garantizar justicia y reparación de las víctimas y sus familias, además destaca la impunidad que rodea este crimen y la violación de los derechos fundamentales, como el derecho a la identidad personal y familiar, haciendo hincapié en la falta de acción suficiente por parte de las autoridades, aludiendo a algunos organismos internacionales, como la ONU y el Parlamento Europeo, que instan a España a fortalecer los esfuerzos para buscar e identificar a las víctimas de este crimen, así como garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación, recordando al Estado español que está obligado por el Derecho Internacional y la Convención Internacional para la protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, garantizando entre otras cosas un Banco Nacional de ADN que integre los datos genéticos de todos los casos denunciados.
El objetivo principal de esta propuesta es proporcionar los instrumentos normativos y recursos necesarios para el reconocimiento y efectividad del derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Considerando a las víctimas de este delito, las personas que fueron sustraídas, así como las personas con cualquier tipo de vinculación familiar hasta el cuarto grado.
Dentro de las medidas, abogan por una Base de Datos Estatal de Afectados, aunque un censo que genere esta base de datos no sería público, con el fin de salvaguardar la protección de los datos personales. Se trataría de un Banco único de ADN de carácter estatal y gratuito que contuviera toda la información relevante en relación con los hechos objeto de la propuesta de ley y facilitara la identificación de los bebés robados y de sus familiares biológicos.
Es lamentable observar cómo miles de familias han sido destrozadas por esta práctica criminal de robo de bebés. Incluso décadas después del fin del régimen franquista, las víctimas y sus familias continúan luchando por obtener justicia y reparación. La ausencia de una legislación específica para abordar estos crímenes constituye un fracaso del Estado español en reconocer y corregir estas injusticias históricas.
La propuesta de Ley de Bebés Robados y Desaparición Forzada Infantil representa un paso en la dirección correcta. Sin embargo, su estancamiento en el proceso legislativo refleja la falta de voluntad política para abordar este problema de manera efectiva. Es evidente que se requieren medidas más contundentes y acciones concretas para garantizar el reconocimiento y la reparación de las víctimas de estos crímenes atroces.
La creación de órganos como la Comisión Estatal por el Derecho a la Identidad es un avance necesario, aunque su efectividad dependerá en gran medida de su capacidad para operar de manera independiente y sin interferencia política. Es crucial que se tomen medidas urgentes para abordar este legado oscuro de la historia española.
Blanca Morocho.
Línea de Memoria Democrática.
Clínica Jurídica de Acción Social
Universidad de Salamanca