18 Abr 2025 Criminalización de la droga y el problema con la vinculación a la delincuencia
Las sociedades evolucionan, o eso queremos tener siempre presente en nuestra mente. Nuestro ego como sociedad no nos permite plantearnos ni por un momento la posible involución con respecto a los que estuvieron antes que nosotros.
Pero, si nos paráramos a pensar sobre las últimas políticas que se están legislando en nuestro país en materia de drogas y salud mental, ¿de verdad estamos haciendo las cosas bien? Quizá sea una pregunta muy ambigua, pues hoy en día todo está en continuo movimiento, todo fluctúa y la línea entre lo bueno y lo malo se difumina. Cada día todo es más relativo. Pero si de algo estamos seguros es que el sistema falla. No es perfecto, aunque se pretenda que lo sea.
Entre los años 70 y 80 del siglo pasado, se popularizó el consumo de heroína y las medidas adoptadas para frenar este fenómeno pasaron por políticas públicas represivas con el objetivo de erradicar completamente su consumo en vez de promover un consumo responsable y condiciones sanitarias adecuadas. En este contexto, se empezaron a interrelacionar las drogas con el delito, castigándose cualquier consumo, tenencia y cualquier medio ilícito para su obtención. Al no haber programas sanitarios que paliaran los efectos de la abstinencia, estos se veían obligados a delinquir para obtener financiación para su adicción. Así, las cárceles pronto comenzaron a sobrepoblarse de traficantes de poca monta o personas sin recursos que no son capaces de superar su adicción sin ayuda (ayuda la cual no se les proporciona, o si se proporciona, no con efectividad)
Pero, si los centros penitenciarios están diseñados para personas que han dañado un bien jurídico y tienen que pagar por esto, ¿Por qué en las cárceles solo nos encontramos personas enfermas (porque efectivamente, la drogadicción es una enfermedad) que no son capaces de superar esta condición? Las cárceles están plagadas de personas que no deberían estar allí. En primer lugar, con las medidas represivas adoptadas, hasta hace muy poco se consideraba delito el autoconsumo, algo que es un ámbito privado, y no daña ningún bien jurídico. En segundo lugar, esas personas deberían ser derivadas a centros de desintoxicación, no a cárceles. En tercer lugar, el Estado no invierte en programas sanitarios y se dedica exclusivamente a criminalizar la drogadicción, porque es la vía sencilla.
Siguiendo esta línea, por experiencia personal y tras varias entrevistas realizadas al personal que trabaja dentro de estos centros, todas coinciden en que el mayor problema que existe en las cárceles es la enfermedad mental. Hay un gran colapso en estos módulos. Quiero lanzar la siguiente cuestión: Cuando nosotros enfermamos acudimos a médicos, especialistas y a centros que puedan abordar nuestra situación. Entonces, ¿por qué a esas personas con problemas psiquiátricos y mentales en vez de internarlos en centros que puedan ayudarlos de verdad, son condenados a estar en un centro penitenciario? Su capacidad volitiva está afectada y no se pueden controlar. Muchas veces pecamos de asumir que quien consume y es adicto, puede cesar en su actividad cuando quiera y delinque por placer. Las personas no delinquen por placer, necesitan consumir, y no se puede controlar. Nadie esta dispuesto a arriesgarse a causar daños a otra persona y entrar en la cárcel si no tuvieran esa necesidad tan imperiosa que provoca la droga.
Se me ocurren gran cantidad de respuestas para justificar el ingreso de estas personas en prisión y ninguna de ellas ataja el problema de raíz: el Estado no invierte en centros psiquiátricos, no hay personal cualificado que pueda determinar con certeza si los internos tienen alguna enfermedad mental, y un sinfín de razones por las cuáles puedo afirmar a día de hoy que el sistema falla.
He querido dejar esta reflexión para poder hacer más consciente a la gente de lo que pasa dentro de las cárceles e intentar plantear la duda de si las políticas públicas son eficaces a día de hoy.
Carla Sánchez Ramos
Línea de Intervención penitenciaria y Derechos Humanos
Clínica Jurídica de Acción Social