02 May 2025 El apagón eléctrico y su impacto en las personas con discapacidad y dependencia
El apagón eléctrico que afectó a toda España el 28 de abril de 2025 supuso mucho más que una interrupción en el suministro energético; fue un catalizador que reveló las profundas vulnerabilidades que presenta el sistema de atención a personas con discapacidad y dependencia en contextos de emergencia. Si bien los cortes de luz afectaron a toda la ciudadanía, su impacto sobre estos colectivos fue mayor, al poner en riesgo directo su salud, su seguridad y su autonomía.
Uno de los aspectos más alarmantes fue la situación de las personas electrodependientes, es decir, aquellas cuya supervivencia depende de dispositivos médicos eléctricos como respiradores, bombas de alimentación o camas articuladas. Un caso ilustrativo es el de Carmela Cadenas, madre de un niño con parálisis cerebral que necesita oxígeno las veinticuatro horas del día. Durante el apagón, la familia tuvo que improvisar un sistema de soporte vital dentro de una furgoneta adaptada, ya que en su domicilio no disponían de generadores ni de apoyo institucional inmediato. Esta situación, lejos de ser anecdótica, refleja la inexistencia de protocolos específicos que garanticen la atención de personas con necesidades tecnológicas críticas durante fallos energéticos.
Además, el apagón puso en evidencia la falta de accesibilidad informativa. La Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) denunció que los sistemas de comunicación de emergencia, mayoritariamente basados en emisiones radiofónicas o mensajes no adaptados, resultaron inaccesibles para personas sordas o con dificultades de comunicación.
Otro elemento crítico fue el impacto sobre la movilidad y asistencia domiciliaria. Muchas personas mayores o con movilidad reducida quedaron atrapadas en sus viviendas por la inoperatividad de los ascensores, y el personal de ayuda domiciliaria tuvo dificultades para desplazarse o acceder a recursos básicos.
Desde una perspectiva crítica, este episodio confirma una carencia estructural en el diseño de políticas públicas inclusivas y resilientes. Ni los protocolos de emergencia, ni las redes de apoyo social, ni los planes de prevención energética contemplan suficientemente la diversidad funcional como eje transversal. La discapacidad y la dependencia no pueden ser tratadas como una variable secundaria en la planificación del riesgo. Al contrario, deben ser elementos prioritarios si se aspira a una verdadera equidad social.
En conclusión, el apagón de abril de 2025 evidenció que el modelo español de atención a la discapacidad aún arrastra un enfoque asistencialista e improvisado en lugar de uno basado en derechos y garantías. Es imperativo que se legisle con urgencia la creación de registros de personas electrodependientes, se habiliten sistemas de alerta accesibles en múltiples formatos y se dote a los servicios sociales y de emergencia para actuar con eficacia y dignidad ante futuras contingencias.
Emma Santana Ramos
Línea de Discapacidad y dependencia
Clínica Jurídica de Acción Social